¿QUÉ
NOS PASA?, DESPERTEMOS, REACCIONEMOS
Antonio Luis Cárdenas Colménter
El papa Juan Pablo II visitó nuestro
país dos veces, y en una de esas visitas nos increpó con estas palabras: “¿Es
que no hay profesionales en Venezuela? ¿Qué les pasa?. Despierten. Reaccionen
es el momento.“
En aquella oportunidad no era el
momento, la democracia, con sus errores, funcionaba, pero las severas
limitaciones presupuestarias no
permitían hacer lo que se quería y se necesitaba.
Hoy la situación es completamente
diferente, el gobierno dispone de recursos como nunca antes, más que
suficientes para resolver los problemas y promover el desarrollo y bienestar
del país, pero en lugar de una democracia tenemos una autocracia, un solo
poder, el Ejecutivo en la persona del Presidente, decide lo que él quiere que
se haga, La Constitución y los otros poderes sirven solo para hacer creer a los
demás países que aquí hay una democracia. Pero lo que Chávez quiere es imponer
una sola manera de pensar: el llamado Socialismo del Siglo XXI, que no es ni
socialismo y que tiene más que ver con el siglo XIX en Venezuela, que con el
siglo XXI, caracterizado por la Sociedad del Conocimiento y la Información y por la Globalización.
Ahora si es el momento y lo podemos
hacer pacíficamente, no con violencia,
sino con votos y la fecha es el próximo 7 de octubre.
Pongamos algunos ejemplos de cómo se
viola la Constitución y se cometen horribles desafueros
En los Principios Fundamentales,
artículo 2, se dice que “Venezuela es un Estado democrático, de
Justicia, que propugna la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad, la democracia y en general los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político.”
Hoy nada de esto se cumple.
Venezuela no es un Estado democrático sino autocrático, todo el poder lo
detenta el Presidente Hugo Chávez Frías. Los otros poderes públicos que
contempla la Constitución actúan de acuerdo con lo que les ordena Chávez y
sirven para que los demás países crean que aquí hay división de poderes como
corresponde a un régimen democrático.
Tampoco hay justicia ni
igualdad, por ejemplo, a los comisarios Simonovis, Vivas y Forero que estaban
tratando de poner orden en la Avenida Baralt, que fue donde se produjeron los
mayores enfrentamientos después de la multitudinaria marcha del 11 de abril de
2002, los condenaron a 30 años de prisión, a pesar de haber comprobado que no
habían disparado. En cambio, a los pistoleros de Puente Llaguno a quienes,
gracias a un video que hizo el camarógrafo de una televisora, todos pudimos ver
que disparaban una y otra vez contra los manifestantes, los declararon héroes y
los dejaron en libertad. Aquí se cumplió lo que decía el dictador dominicano
Rafael Leónidas Trujillo: “La ley es para aplicársela a los de la oposición”
Un caso similar al anterior es
el de la jueza Afiuni que, de acuerdo con una orden dada por el Presidente en un programa de televisión, fue condenada a 30 años de
prisión por haber dejado en libertad a un acusado en cuyo expediente no existía
nada que demostrara su culpabilidad.
Los derechos humanos y garantías establecidos en la Constitución
tampoco los toma en cuenta el gobierno, por ejemplo, el artículo 115 dice:
“Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes.
La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones
que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo
por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago
oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación…” Sin
embargo, el Presidente ha expropiado una diversidad de propiedades sin cumplir
los requisitos antes señalados y al hacerlo ha generado una gran desconfianza
en la seguridad jurídica y una notable disminución en la producción de bienes
de consumo
He dejado para el final de los ejemplos de
violaciones a la Constitución dos que me atañen directamente.
El
primero es el de la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho lo
define la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la siguiente manera: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en
forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
En
contravención con el anterior artículo, el gobierno, que pretende imponer a los
niños el socialismo como única corriente política, mandó a imprimir millones de libros de texto
con los contenidos que ellos deben aprender, los distribuyó gratuitamente en
todas las escuelas y prohibió el uso de otros textos. Igualmente distribuyó
millones de computadoras con las informaciones que deben recibir y sin
posibilidad de conectarse con Internet.
Por
otra parte cerró a Radio Caracas Televisión, a otros canales y a decenas de
emisoras y de periódicos y tiene acosado a Globovisión que es el canal de mayor
audiencia en el país y últimamente le puso una multa mil millonaria.
El
segundo y último ejemplo es el del Artículo 109 que se refiere a la autonomía
universitaria que se ha querido violar, pero las autoridades de las
universidades, con el respaldo de los consejos universitarios, no lo han
permitido. Este artículo establece que: “El Estado reconocerá la autonomía
universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores,
profesoras, estudiantes, estudiantas, egresados y egresadas de la comunidad
dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación
científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de
la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno,
funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y
vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas
de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del
recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán
su autonomía de conformidad con la ley”
A
pesar de que se trata de un artículo taxativo, el Tribunal Supremo de Justicia
ha querido imponer un artículo de la Ley Orgánica de Educación para la
conformación del claustro encargado de las elecciones universitarias. En este
caso el Tribunal cometió dos desafueros, el primero querer imponer el artículo
de una Ley por encima de la Constitución, y el segundo multar a los miembros
del Consejo Universitario de la Universidad Central que, para cumplir con lo
que manda la Constitución, votaron en contra de lo propuesto por dicho Tribunal.
Esa multa fue luego dejada sin efecto.
DESPERTEMOS,
REACCIONEMOS. El 7 de octubre es la oportunidad.
Mérida,
14/07/12
Que vergüenza!!!
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